El portavoz del equipo de Gobierno, Pedro Aguirre, en relación con la sentencia del denominado Caso Aguator emitida en la mañana de ayer por la Audiencia de Cantabria, quiere, en primer lugar, manifestar, que es voluntad de esta Alcaldía, del Grupo Municipal que la sustenta y del PSC-PSOE, el pleno respeto y total acatamiento, siempre, a cualquier resolución judicial, cualquiera que sea el sentido de la misma y se comparta, o no, el contenido de la misma.

Junto a esto, Aguirre quiere destacar el hecho, en absoluto baladí, que en la sentencia considera probadas un importante porcentaje de las irregularidades a consideración, como la destrucción y falsificación de partes de trabajo o la manipulación de los caudalímetros, un proceder, este último, que sin lugar a dudas, lesionaba de manera directa los intereses del Ayuntamiento de Torrelavega y de sus vecinos.

Esta sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria reconoce que Aqualia 'infló' facturas, que causaron un perjuicio a las arcas municipales próximos a los 20.000 euros, y que facturó, de manera indebida, una cantidad similar en concepto de unos cambios de contadores que debían de ser gratuitos.

Además, el magistrado, recoge en su sentencia la negativa del socio privado a facilitar al Ayuntamiento la documentación pertinente par llevar a cabo una cogestión eficaz y transparente.

Con todo, el Tribunal no considera delictivas estas actuaciones, algo difícil de trasladar tanto a la parte perjudicada, los ciudadanos de Torrelavega, como al conjunto de la opinión pública.

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